El 63% de los jóvenes isleños carece de medios para dejar el hogar familiar

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"En casa de los padres a la fuerza. El 62,5% de los canarios con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años carece de medios económicos para poder emanciparse. Eso supone que 349.121 jóvenes isleños pertenecientes a ese rango de edad –de los 558.594 que viven en el Archipiélago– no pueden abandonar el hogar familiar por falta de recursos económicos propios.

El 37,5% de la población canaria de menos 35 años que sí ha logrado emanciparse –aproximadamente 209.473 jóvenes– se reparten en: un 2,6% (14.523 personas) con edades entre los 8 y 24 años; un 11,1% (62.003) que tiene entre 25 y 29 años; y un 23,8% (132.945) que se sitúa entre los 30 y los 34 años.
Según el estudio sobre la situación de la juventud en Canarias dirigido por el sociólogo Juan del Río para el Ejecutivo regional, el principal obstáculo de los jóvenes del Archipiélago de entre 18 y 30 años para poder emanciparse está relacionado con la economía. El siguiente está vinculado a la falta de trabajo y en tercer lugar se citan los estudios.

La dificultad para acceder a un empleo estable da respuesta a esa falta de recursos que impide que muchos jóvenes en edad independizarse no puedan hacerlo, según señaló el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana. "El 91% de los jóvenes canarios que tienen trabajo poseen un contrato temporal que en su mayoría no supera los seis meses de duración. Con este panorama no van a conseguir emanciparse nunca", aseguró. 

Además, según el informe del Consejo de la Juventud, pese a que la venta de la vivienda libre se ha reducido un 13,59% en el últi mo año en las Islas, los ingresos de los hogares jóvenes y de los jóvenes asalariados también se han visto mermados, por lo que el coste de acceso a la vivienda en propiedad sigue estando muy por encima del umbral de endeudamiento aceptable situado en el 30%. La opción del alquiler tampoco es una alternativa viable para la población treinteañera de Canarias que quiere abandonar su hogar de origen, ya que el pago de una renta mensual media implicaría un desembolso superior al 30% de la renta neta.
Según estos estudios, el treintañero canario puede tolerarse, como mucho, una vivienda de 90.000 euros en el caso de un asalariado y 120.000 en el supuesto de compartir la vivienda con otro joven. En cuanto a la superficie, para poder irse del nido familiar, el isleño "tiene que conseguir" una residencia de poco más de 60 metros cuadrados como máximo para adquirirla y 50 metros cuadrados para poder acceder a un arrendamiento y no quedarse en el intento.

Plan de Emancipación

UGT presentó esta semana el Plan de Emancipación Joven en el que se recogen las propuestas que desde el sindicato consideran que el Ejecutivo autonómico debe tomar en consideración para solventar el acceso a un puesto de trabajo y a una vivienda de ese sector de la población.

Entre las iniciativas se encuentran la creación de una Ley Canaria de Responsabilidad Social con la que se pretende que los empresarios pongan en marcha políticas de contratación "más responsables y acordes con los tiempos que vivimos", señaló José Ángel Ramírez, responsable de Acción Sindical y Empleo de UGT.
El sindicato exige que ningún trabajador sea contratado con un salario inferior al mínimo interprofesional. "Hace cinco años se hablaba del salario mileurista como algo inaceptable y ahora se ha convertido en la aspiración de gran parte de la juventud", apuntó Ramírez. Según datos de UGT, desde 2008 cerca de 40.000 jóvenes han salido de las Islas en busca de empleo y el 82% de ellos poseen una alta cuantificación. "Emigran porque no ven en Canarias la posibilidad de obtener un empleo acorde con su formación", señaló.
Otros de los objetivos del sindicato son fomentar la Ley canaria de Renta Básica, a través de la que el Gobierno autonómico debe dotar a la ciudadanía de los medios económicos "imprescindibles para subsistir", y establecer un plan de estímulo a la economía para "fomentar nuevos sectores y dinamizar las áreas productivas que ya funcionan".

En el área de vivienda, UGT manifestó su rechaza a la "actividad especulativa" que la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –también conocido como banco malo– está realizando con la venta de paquetes de inmuebles a inversores extranjeros. "La bolsa con activos inmobiliarios del Sareb procede en su mayoría de entidades intervenidas por el Estado con dinero público, por lo que consideramos que esas viviendas son de titularidad pública y deben volver a los ciudadanos a través de precios sociales", aseguró el sindicato."