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"Cambio de escenario en el debate sobre la controvertida Ley de Renovación y Modernización Turística canaria. La propuesta de los grupos en el Parlamento de Canarias que apoyan al Gobierno regional, CC y PSOE, para retomar las negociaciones con el conjunto de las fuerzas políticas isleñas y con el propio Gobierno central no ha caído en saco roto y ya tiene una primera respuesta positiva de la mano del ministerio de Industria, Energía y Turismo. Justamente desde donde se instó el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que establece la moratoria para hoteles de menos de cinco estrellas fuera de los espacios acogidos a la rehabilitación turística. El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, aseguró ayer que el ministerio está dispuesto a "sentarse a negociar" de nuevo con el Gobierno central y a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dos de los puntos de la ley "si hay un acuerdo de todas las partes".
La posición del ministerio favorable a retomar las negociaciones tiene, sin embargo, matices porque impone una serie de condiciones que podrían dificultar la apertura de ese nuevo escenario. Hernández Bento, empieza por señalar que el ministerio, "en coherencia con lo que hemos defendido hasta ahora", mantiene su apuesta por establecer criterios de calidad en las nuevas construcciones, pero que en ningún caso pueden limitarse a hoteles de cinco estrellas o más, tal como establece la ley. Asegura, en este sentido, que la propuesta aprobada por el Parlamento regional el miércoles –defendida por María de Mar Julios (CC) y Emilio Mayoral (PSOE)– "es la que mantuvo el ministerio y el Gobierno central en todo el proceso de negociación", y señala que "el Gobierno de Canarias no nos la quiso comprar en ese momento y ahora es él el que nos la propone a través de esa propuesta en el Parlamento". "Nos están proponiendo lo mismo a lo que nos rechazaron en la negociación" de la Comisión Bilateral, insiste el subsecretario.
A partir de ahí, el departamento que dirige el ministro José Manuel Soria señala que acepta la negociación para establecer cambios en la ley bajo dos condiciones: por una parte que haya consenso con los cabildos, y en segundo lugar que los criterios de calidad que se establezcan para la construcción de nuevos hoteles se recojan en una anexo de la propia ley, y no en un reglamento de desarrollo posterior, tal como defendía hasta ahora el Gobierno regional.
"Bajo esas dos premisas y si hay un acuerdo de todos estamos dispuestos a sentarnos a negociar en cualquier momento", aseguró Hernández Bento, quien en todo caso descartó la retirada del recurso de anticonstitucionalidad de la ley como paso previo a la negociación. Sí lo haría una vez cerrados y sellados los acuerdos sobre los cambios que eliminarían la "discriminación" que, a su juicio, contempla la actual norma para los operadores interesados en construir hoteles de menos de cinco estrellas.
El subsecretario pone el énfasis en la negativa que, según él, mantuvo el Gobierno de Canarias a aceptar la propuesta del ministerio para mantener en la norma todos los requisitos sobre unos estándares de calidad y sostenibilidad ambiental en las nuevas construcciones, pero sin vincularlo a un determinada categoría por estrellas. Para el Ejecutivo central, el rechazo canario a eliminar esa parte de la ley, asegurando que se incluiría en un reglamento posterior, sólo pretendía impedir el recurso estatal ante el TC para luego mantener la norma tal como está en la actualidad.
Consenso
Desde el ministerio se incide, en este sentido, en la acusación que hacen también los grupos de la oposición en la Cámara regional, PP y NC-PIL. Para ambos el bloqueo de la ley es la consecuencia de la ruptura del consenso por parte del Gobierno y su empeño en aprobar una ley sin atender a las opiniones de cada uno de los cabildos que son los que, a la postre, subrayan, deben tener la potestad para planificar el crecimiento de la industria en sus islas.
Con la decisión de acotar qué nuevos hoteles se construyen Madrid –al igual que el Cabildo de Gran Canaria que ha presentado una iniciativas legislativa en el Parlamento regional instando a reforma la ley aprobada en mayo pasado– sostiene que el Ejecutivo canario a vulnerado legislación básica del Estado y de la Unión Europea.
El Estado alegó en su recurso de inconstitucionalidad que "limitar la autorización de nuevas instalaciones en Canarias únicamente a los hoteles y apartamentos de cinco estrellas o superior es un requisito de naturaleza económica contrario a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (17/2009, de 29 de noviembre)", una legislación básica estatal dictada en transposición de la directiva europea de Servicios del Mercado Interior que consagra el principio de establecimiento en todo el territorio nacional.
Añade el Ejecutivo del Estado que, "en la medida en que la exigencia de una determinada categoría hotelera se evalúa en términos de oferta y/o demanda turísticas, estrechamente ligados a pruebas económicas, se está limitando el acceso y ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos, un requisito prohibido por la citada ley de libre acceso de servicios"."
