La Juez investiga que intereses hay tras la presunta alteración de los PGO

Estimados compañeros,

En el día de hoy les traemos una noticia que consideramos de interés general para todos y que pueden ver en su formato original clicando aquí.

"La juez Juana María Hernández y la Fiscalía han solicitado un informe a la Policía en el que se determine si la presunta alteración de los documentos del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio pudo beneficiar a algún vecino o empresario y en qué cuantía aproximadamente. Es la última decisión de la instrucción del caso PGO, que trata de determinar si los redactores del Plan y los responsables municipales cometieron algún delito al modificar supuestamente el documento entre finales de 2009 y principios de 2010.

La investigación que se sigue en el juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife parte de las denuncias de los letrados Felipe Campos (Plataforma contra el PGO) y José Ventura (Izquierda Unida) ante la Fiscalía provincial por los supuestos cambios que detectaron entre los archivos digitales del PGO que se entregaron sin firma de autentificación a los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2009 y el que se aprobó en un pleno extraordinario, unos días después, el 4 de enero, con los votos en contra del PSC-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz.

La juez está pendiente de recibir la documentación que requirió a mitad de mayo a dos de los tres arquitectos del Plan General de Ordenación, Leopoldo Tabares de Nava y Fernando Senante, para que vuelvan a declarar pero ya como imputados por presunta falsificación documental o como testigos, como han hecho hasta ahora. El plazo dado por la magistrada concluye mañana martes.

Las fuentes consultadas aseguraron que el tercer arquitecto del equipo, Juan Manuel Palerm, permanecerá en principio como testigo porque ha acreditado que en los días anteriores y posteriores al presunto cambiazo estaba en Venecia.

Los tres redactores del Plan; el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes; y los que fueran ediles del PSC en el Consistorio durante el pasado mandato, Ramiro Cuende –también arquitecto– y Marian Franquet –hoy en el gabinete de José Ángel Martín en Urbanismo–, ya han declarado en el juzgado por este caso, en el que todavía no hay ninguna imputación, aunque la Fiscalía y la acusación creen que hay base suficiente para acusar a Tabares de Nava y Senante de falsificación documental. 

Estos aluden a un problema técnico sin mayor repercusión pero la acusación y la Fiscalía creen que el documento fue alterado para beneficiar determinados intereses económicos, aprovechando las prisas por su aprobación en un pleno que se celebró en plenas Navidades, y que algunas de esas alteraciones permanecen en el documento al que solo le falta la aprobación final de la Comisión de Ordenación del Territorio (Cotmac) del Gobierno para poner fin a los tortuosos 13 años que lleva de tramitación, en medio de denuncias por corrupción y manifestaciones en la calle contra el gran número de casas en fuera de ordenación. 

Los primeros peritajes realizados al documento entregado a los partidos en diciembre de 2009 y al aprobado en pleno unos días después ratifican que hay diferencias entre ambos, que los archivos digitales del segundo tienen más peso que los del primero y que de las declaraciones tomadas hasta ahora los testigos no han dado ninguna razón que justifique estos cambios. Felipe Campos pone como ejemplo de las diferencias entre uno y otro documento un centro comercial que de repente apareció en la avenida Tres de Mayo. La acusación cree que si el caso prospera puede desembocar en un duro golpe al PGO, que ya estará previsiblemente aprobado cuando se sepa."