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"Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias negaron ayer que esté sobre la mesa la reducción de
una cuarta parte de la jornada laboral y, consiguientemente, de los
salarios de 3.300 empleados públicos laborales de la Administración
canaria. Varios sindicatos sostuvieron ayer que esa es la fórmula que
les comunicó el consejero Francisco Hernández Spínola para evitar
despidos. Añadieron además que de llevarse a cabo, el Ejecutivo autónomo
estaría incrementando los niveles de pobreza y riesgo de exclusión
social en las Islas.
La reunión del viernes sembró la inquietud
entre los representantes de los trabajadores. Desde el Sindicato de
Empleados Públicos de Canarias (Sepca), su secretario general, Fernando
Escrich, aseguró ayer que el consejero les comunicó que, tal y como la
organización sindical había denunciado la pasada semana, habrá despidos
entre el personal laboral temporal y aquellos que hayan logrado la
condición de indefinidos a través de sentencia.
"Anunciamos que lo
iban a meter en el Parlamento sin pasar por la mesa de negociación y el
consejero no tuvo más remedio que convocarnos para comunicárnoslo",
señaló Escrich. El secretario general del Sepca afirmó que la cifra del
25% parte de los cálculos del propio sindicato, "atendiendo al recorte
que contempla el presupuesto para el personal laboral".
Todas las
organizaciones sindicales han solicitado una reunión urgente de la Mesa
General de Empleados Públicos para iniciar las negociaciones con el
Gobierno canario. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad se daba ayer por seguro que ese proceso negociador se iniciará
esta misma semana con una primera toma de contacto, si bien no pudieron
precisar el día concreto.
Los sindicatos sí tendrán oportunidad de
plantear hoy mismo al director general de Función Pública, Aarón
Afonso, la necesidad de que las conversaciones comiencen cuanto antes.
En la agenda hay programada una comisión técnica. El viernes volverán a
encontrarse en una comisión asesora. Hernández Spínola presentará en el
Parlamento las cuentas de su departamento mañana, por lo que no se
descarta que en esa misma jornada se celebre una primera reunión de la
Mesa General de Empleados Públicos para tratar el asunto.
Según
los sindicatos, la propuesta del Ejecutivo pasa por dejar al margen de
los recortes al personal de Sanidad, Justicia y Educación. Es decir,
afectaría principalmente a los trabajadores de la Administración General
y a los recursos humanos de las empresas y entes, organismos y empresas
públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
"Ya
en los Presupuestos para 2012 plantearon desde el Gobierno canario que
se iban a aplicar recortes solo a determinados colectivos", señaló ayer
el responsable del Área Pública de CCOO-Canarias, José Ramón Barroso. El
sindicalista recordó que las movilizaciones que se realizaron entonces
dieron al traste con las intención del Ejecutivo autónomo, que decidió
aplicar "un recorte lineal del 5% a todos los empleados públicos".
Después llegaría el Real Decreto Ley 20/2012 por el que el Gobierno de
Mariano Rajoy suprimió la paga extraordinaria de Navidad. Como esa
reducción suponía ya un 7% de ajuste salarial, la medida del Gobierno
canario quedó sin efecto. Barroso aseguró que el recorte del 25% lo puso
sobre la mesa el propio consejero el pasado viernes y se mostró
preocupado por quiénes van a ser los trabajadores que con mayor
intensidad sufrirán el tijeretazo de jornada y salario. Según sus
afirmaciones, "es en los grupos profesionales más bajos", los que menos
cobran, "en los que mayor índice de interinidad existe".
"Nos
dijeron que era la fórmula más viable para no tener que recurrir al
despido masivo de compañeros", señaló el integrante de CCOO-Canarias,
que advirtió de que las medidas sobre las que trabaja Hernández Spínola
"en absoluto sirven para solventar la crisis. Quizá sí para mantener el
objetivo de déficit, pero a ver cómo reactivan la economía", explicó
Barroso sobre el nuevo recorte que sufrirá el poder adquisitivo de los
trabajadores y, por tanto, el consumo.
Francisco Bautista,
secretario general de la Federación de Servicios Públicos de
UGT-Canarias, aseguró que los representantes de los trabajadores no
están permitirán que se quite el 25% "d el salario a alguien que cobra
800 euros" o que se aplique una nueva reducción a quienes ya tienen
recortada "la jornada y cobran 600 euros". Al igual que Barroso, el
representante de UGT-Canarias afirmó que la propuesta de recortar en una
cuarta parte la jornada laboral y los salarios partió del consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad. "Si lo aplican a esos trabajadores que
menos cobran, estarán engordando la estadística de ciudadanos canarios
en situación de pobreza y riesgo de exclusión social"."
